La Ley Nº 21.076 introdujo el art. 139 bis a la Ley General de Servicios Eléctricos, el cual amplió la red de distribución eléctrica hasta incluir el medidor de consumo, y radicó en las distribuidoras la titularidad del dominio sobre dicho equipo. Este artículo de investigación sostiene la inconstitucionalidad de fondo de la Ley N° 21.076; y la existencia de un trade-off económico favorable a los intereses de empresas distribuidoras en desmedro de los usuarios regulados. Cuestiona también -en hipótesis determinadas- incluir en tarifas el financiamiento de instalaciones de reemplazo y servicios asociados. La metodología de la investigación comprende el análisis de la Ley N° 21.076 frente al de las normas constitucionales, administrativas y regulatorias del sector y mercado relevante, conjuntamente con el análisis económico de su interacción. El estudio concluye que el art. 139 bis es inconstitucional y -como tal- pasiblede variadas acciones constitucionales, administrativas y jurisdiccionales. Concluye también y en todo caso, la derogación tácita de una función pública de arbitraje, la lesión a la autonomía de un grupo intermedio y la desaparición de contrapesos de los usuarios regulados al poder de mercado de las concesionarias de distribución en cuanto monopolistas naturales. Act Nr. 21.076 introduced section 139 bis to the Electric Services General Act, that expanded the power distribution network to include consumption meters and placed equipment ownership on distributors. This paper advances the substantial unconstitutionality of Act Nr. 21.076 as well as the existence of an economic trade-off favorable to the interests of distribution companies, to the detriment of regulated users. It also questions -in certain hypotheses- to include in tariffs the financing of replacement equipments and associated services. The methodology of the enquiry is based on the analysis of Act Nr. 21.076 against the constitutional, administrative and regulatory framework of the industry sector and relevant market, together with the economic analysis of their interaction. The study concludes that section 139 bis suffers from unconstitutionality and, therefore, is subject to an array of constitutional, administrative and jurisdictional actions. It also concludes, at any rate, on a tacit derogation of a public adjudicatory function, the damage to the autonomy of an intermediate group, and the loss of counterweights to the market power of distribution concessionaires as natural monopolists, to the detriment of regulated users.