Para superar las criticas a la fuerza jurídica de los derechos sociales, este artículo propone una nueva clasificación de los derechos que tienen las personas cuando tratan de proveerse de medios para subsistir y prosperar, que distingue entre derechos de libertad, derechos de bienatar y derechos de igualdad. Esta clasificación permite concluir que los derechos de bienestar no son jurídicamente exigibles al estado, salvo cuando son obligaciones legales específicas a favor de las personas. Asimismo, permite concluir que los derechos de igualdad son jurídicamente vinculantes para las contrapartes de acuerdos en el mercado. Por otra parte, esta clasificación permite diferenciar con claridad el ámbito de las políticas públicas y el ámbito del derecho, definiendo qué derechos se basan en la solidaridad y cuáles en la justicia de las transacciones entre privados