| dc.description | En el dossier que se presenta en este volumen se propuso invitar a una reflexión sobre la manera en que la comunicación intersecta con la ciudadanía y los derechos humanos. De esta manera, el dossier recoge una tradición abocada a conceptualizar la comunicación con perspectiva de derechos. Esta inquietud, emparentada con reflexiones de larga data en el continente latinoamericano y en el sur global, adquiere renovada importancia en el presente. Pensar en la comunicación y la ciudadanía con perspectiva de derechos humanos resulta crucial en sociedades desiguales, donde resurgen problemáticas antiguas y emergen otras nuevas, asociadas al desarrollo de plataformas digitales de comunicación y su relación con potenciales vulneraciones de derechos. En términos globales, situamos esta reflexión en torno a la pregunta sobre la manera en que distintas dinámicas de exclusión social se producen y reproducen en el ámbito comunicacional, así como en torno a la necesidad de comprender de mejor manera las consecuencias de estas inequidades comunicacionales para las posibilidades de expresión, visibilidad y reconocimiento de distintos grupos sociales, y por extensión, para las posibilidades del ejercicio pleno de la ciudadanía.
La temática propuesta para el dossier, adquiere -sin duda- una urgencia renovada en el contexto latinoamericano actual y en el caso local, con posterioridad al estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 en Chile. Este último proceso de movilización social ha sostenido una serie de demandas, que apuntan a distintas reclamaciones asociadas a una expansión de derechos en contextos de desigualdad económica, social y política, y que cuestiona, además, las formas de ciudadanía de baja intensidad que esa misma inequidad ha consolidado. Lo que esta edición especial propone es reconocer que estas demandas se disputan en un plano comunicativo, en el cual se tensionan las posibilidades de voz, visibilidad y reconocimiento de distintos grupos dentro de la sociedad. Estas tensiones se han expresado con fuerza durante este 2019. En el caso chileno, por ejemplo, la ciudadanía ha juzgado públicamente el rol jugado por ciertos medios de comunicación en la cobertura del conflicto social, evidenciando la existencia de expectativas de representatividad no cumplidas. Por otra parte, la agenda político-institucional a través de la cual se intenta encausar el estallido social ha colisionado con la agenda de los grupos movilizados en el espacio público, evidenciando otro tipo de desconexiones. Estas tensiones seguirán expresándose en un horizonte cercano, en la medida en que se desarrolle el proceso constituyente que ya inició su curso.
Si bien un mapeo de las distintas tradiciones que han problematizado la comunicación desde una perspectiva de derechos excede las posibilidades de esta introducción, podemos identificar algunos abordajes posibles frente a esta temática. Uno de estos abordajes se ha dado desde el plano regulatorio a través de la discusión de políticas de comunicación o la identificación de condiciones estructurales que atentan contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión, o bien eluden principios de inclusión. Un hito inicial en este abordaje se produce en 1980 con la publicación del Informe de Unesco “Un Solo mundo, voces múltiples: comunicación e información en nuestro tiempo” (también conocido como Informe McBride), documento que proponía un orden comunicacional que promoviera flujos informativos no dominados por las grandes corporaciones. Este documento tuvo un carácter controversial y encontró una oposición activa al tiempo de su publicación, inaugurando en el ámbito latinoamericano un enfrentamiento largo, y hasta cierto punto estéril desde el punto de vista de sus resultados (Beltrán, 2006; Fuchs, 2015; Pasquali, 2005), entre grupos de la sociedad civil y la academia con actores que representan visiones de mercado de las industrias de la comunicación. Entre los elementos clave que han formado parte de estas discusiones, frecuentemente situadas en un plano de economía política de la comunicación, se puede mencionar la constitución de los mercados de medios de comunicación y la concentración de la propiedad en estas industrias (entre otros, Becerra & Mastrini, 2017; Couso, 2012; Sunkel & Geoffroy, 2002), la captura de los mercados de medios por parte poderes económicos y políticos (Guerrero & Márquez-Ramírez, 2014; Stiglitz, 2017), la falta de pluralismo informativo, los derechos de las audiencias, la distribución de la publicidad gubernamental, las amenazas a la privacidad y la propiedad de datos personales en las nuevas economías digitales, entre otros aspectos que se agrupan bajo la idea del derecho a la comunicación, o de manera más amplia, de la comunicación con perspectiva de derechos (Montiel Vega, 2012; Padovani & Calabrese, 2014; Uppal, Sartoretto, & Cheruiyot, 2019). Estas problemáticas, no obstante, traspasan con creces el ámbito regulatorio asociado a la discusión sobre políticas públicas de comunicación. Esto porque los contextos institucionales que inhiben o vulneran derechos en el ámbito comunicacional, así como sus expresiones tecnológicas, moldean, por una parte, prácticas de comunicación y modos de participación en el espacio público, y por otra, generan prácticas alternativas de resistencia y activismo que demandan un abordaje interdisciplinar para su mejor comprensión.
La relación entre comunicación y ciudadanía se colige de la relación estrecha que existe entre las posibilidades expresivas de las personas y sus posibilidades de participación en el espacio público. Si se acepta la premisa de la existencia de inequidades comunicacionales como punto de partida, se concluirá que las asimetrías existentes entre distintos grupos sociales tienen consecuencias directas en la amplitud de sus repertorios comunicacionales, sus modos de representación en el espacio mediático, así como en sus capacidades de visibilidad e incidencia en el debate público. No limitamos la ciudadanía acá a conceptualizaciones restrictivas asociadas al conjunto de derechos y deberes de una persona hacia un Estado-nación, sino que, de manera más amplia a la pertenencia a una comunidad, a la identificación con identidades o valores comunes y a las posibilidades de participación en la vida colectiva (Kiwan, 2012; Nash, 2009). Así, en sociedades mediatizadas como las que habitamos, las posibilidades de participación de personas y colectivos están asociadas a sus posibilidades de volverse visibles, de tener voz y de ser reconocidas por otros en procesos de tomas de decisión.
Los cambios en las tecnologías de información y comunicación se asocian estrechamente a cambios en los regímenes de visibilidad, y por extensión, a cambios en la configuración de lo que entendemos por espacio público y en la organización de las relaciones de poder (Thompson, 1995) . La relación entre visibilidad y poder es estrecha. Como señala Brighenti (2007) esta relación se expresa tanto en las posibilidades de los poderosos de obtener visibilidad para sí mismos o ciertas agendas, así como para hacerse invisibles cuando esto parece más conveniente. En otras palabras, tiene valor político tener acceso a los sitios de visibilidad tanto como tener niveles de control sobre el tipo de representaciones que se construyen en esos espacios.
Las reflexiones sobre tipos de visibilidad se emparentan también con aquellas sobre la voz y el reconocimiento. Esto porque estos conceptos ponen el acento en la naturaleza dialógica de la comunicación. Que ciertos grupos vulnerables se hagan visibles en plataformas mediáticas, por ejemplo, no es equivalente a tener voz sobre el tipo de representación que se construye sobre ellos. La política de la voz, tiene en los estudios sobre comunicación, un lugar relevante, toda vez que se asocia a las posibilidades de reconocimiento de otro (Couldry, 2009). Entre otras cosas, en términos de cómo se validan públicamente las demandas por justicia y reconocimiento, cómo el conflicto se visibiliza o se omite, cómo se construyen representaciones sobre ciertos grupos sociales o se les ignora (Maia, 2014).
Recogiendo de manera amplia y con perspectiva interdisciplinar este conjunto de problemáticas, el dossier abre con dos contribuciones recibidas después del 18 de octubre, a propósito de una convocatoria extraordinaria que realizamos al considerar necesario actualizar una reflexión crítica sobre el rol de la comunicación social en el actual contexto sociopolítico. Saavedra Utman respondió a ese llamado con un artículo de carácter teórico que problematiza el concepto de voz como un “común” que ha sido expropiado bajo lógicas neoliberales. El autor asocia la idea de voz con la existencia de un vínculo comunicativo que permita la vida en común, y se pregunta cómo avanzar hacia procesos de reapropiación y reconstrucción de la voz, en contextos donde las lógicas de diálogo han sido desalentadas y las reglas de ese diálogo suelen ser unilateralmente impuestas. Por su parte, Álvarez analiza el diseño del proceso constituyente que se avecina en Chile desde la teoría de la comunicación política. En su ensayo, tomando elementos de la pragmática del lenguaje, releva la importancia de la forma que va a adquirir el diálogo constituyente, anteponiendo este proceso al de la generación de contenidos que integrarán una nueva constitución. Sin dar recetas, propone que la comunicación constituyente debiera seguir ciertos principios de colaboración y cortesía que habiliten posibilidades reales de comunicación, y que reduzcan el espacio para malas interpretaciones o confusiones que hagan fracasar el propósito de diálogo.
El ámbito de los medios de comunicación se aborda a través de dos contribuciones. Jumique Castillo aborda problemáticas históricas y persistentes en el panorama de medios latinoamericano como es la co-optación de los medios de prensa por parte del poder político y económico. Específicamente, analiza el caso guatemalteco y las acusaciones de corrupción contra el Partido Patriota. Con este estudio de caso muestra cómo las relaciones entre la política y los medios de comunicación, en los últimos años, han provocado daños en la libertad de expresión y, por lo tanto, en la democracia en Guatemala y América Latina. La segunda contribución se centra en la estigmatización territorial que se construye desde el discurso mediático por medio de la cobertura de casos de violencia. Para ello, Sibrian y Reyes analizan el discurso sobre violencia que construyen dos medios chilenos (El Mercurio y La Tercera) evidenciando cómo la criminalización permanente de ciertos sectores de la ciudad y la victimización de otros en las noticias, construye estigmas territoriales y acarrea formas de segregación.
La violencia también es estudiada por García Santamaría, pero enfocándose en aquella ejercida contra periodistas. Específicamente, contra periodistas alternativos en Cuba, mostrando cómo su deslegitimación discursiva y legal ha servido para justificar ataques de diverso tipo. La autora cuestiona los acercamientos positivistas que ignoran las agresiones simbólicas y estructurales de las que son víctimas estos profesionales. Propone que para comprender el rechazo y miedo que experimentan los periodistas, así como la resiliencia y resistencia a través de redes, es necesario una perspectiva interdisciplinar que conjugue la teoría crítica y la teoría decolonial.
En la contribución escrita por Tobar y Rodríguez los medios de comunicación se problematizan como un espacio donde se construyen lenguajes morales y se vivencian experiencias de reconocimiento. A partir de un trabajo etnográfico con el grupo indígena embera chamí del resguardo Wasiruma, en Colombia, los autores identifican los usos que esta comunidad hace de medios y tecnologías de información, para luego problematizar de qué manera este consumo de medios se relaciona con conflictos culturales al interior de la comunidad.
De Ponson du Terrail, Buccioni y Tapia aportan desde una perspectiva aplicada al desarrollo de una agenda incipiente de investigación sobre comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Este artículo explora las dificultades que enfrentan los comunicadores que se desempeñan en ONGs chilenas, identificando nudos de conflicto como la dependencia de los medios tradicionales en la ejecución de planes de comunicación, las dificultades para navegar entornos digitales cambiantes y el lugar que ocupa la comunicación como herramienta de gestión organizacional y de comunicación con la ciudadanía para las organizaciones del tercer sector.
En una línea similar pero enfocada en organizaciones por los derechos digitales en Latinoamérica, Segura revisa las principales características de estos nuevos actores, que suelen ser capítulos regionales de organizaciones internacionales o bien parte de redes internacionales. A través de diversos casos, caracteriza el trabajo de estos activistas que promueven políticas públicas basadas en los derechos al acceso, producción y gestión digital y de datos. El propósito de estos grupos, según muestra la autora, sería garantizar los derechos a la comunicación a través de la presión para la formulación de políticas públicas basadas en derechos y el desarrollo de prácticas autogestivas para ejercer estos derechos.
Finalmente, Molina y Sagredo aportan desde la politología con un artículo que aborda críticamente el tema de la educación en derechos humanos desde una perspectiva disciplinar. Los autores constatan una distancia entre el desarrollo investigativo que han tenido los derechos humanos en la ciencia política chilena y la baja densidad de los programas formativos en derechos humanos, los que suelen abordar esta temática de manera marginal e indirecta. Como consecuencia, se califica a la educación en derechos humanos como una asignatura pendiente para la politología nacional.
El dossier cierra con dos reseñas a libros recientes que aportan en la dirección planteada por esta convocatoria. Se trata del libro “La mujer (1877): el primer periódico de mujeres en Chile", de Verónica Ramírez y Carla Ulloa, y del libro “De la resistencia a la incidencia. Sociedad civil y derecho a la comunicación en la Argentina”, de María Soledad Segura.
Este conjunto de contribuciones permite identificar distintas rutas investigativas para el abordaje de la relación entre comunicación y ciudadanía con una perspectiva de derechos humanos. Se trata de una agenda extensa y de naturaleza eminentemente interdisciplinar, que se vuelve fundamental explorar en contextos de crecientes inequidades sociales aparejadas de una creciente complejización de los sistemas mediáticos: fragmentación de audiencias, polarización, deslegitimación de los medios tradicionales, desinformación y proliferación de canales informativos. Se trata, a la vez, de una agenda estrechamente ligada a las posibilidades de participación de las personas y a la calidad de las democracias. | es-ES |
