Con el objetivo de demostrar cómo las relaciones entre la política y los medios de comunicación, en los últimos años, han provocado daños en la libertad de expresión y, por lo tanto, en la democracia, se realizó un análisis del financiamiento electoral y la propaganda del Partido Patriota del año 2011, que alcanzó la presidencia de la República. Luego, se determinaron los criterios bajo los cuales se aceptaban los contratos de la publicidad oficial del 2012 al 2015. Utilizando como base las acusaciones que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizaron en el año 2015 y 2016 al Partido Patriota en los casos de corrupción denominados "La Cooperacha" y "Cooptación del Estado", se documentaron los vínculos entre la gestión del Partido Patriota y la industria de la comunicación. Como resultado, se identificó que la relación entre medios y política ha utilizado diferentes herramientas para que ambos continúen en el poder. Es decir, los gobernantes dirigiendo un país y los medios de comunicación con ganancias económicas que les permitan subsistir. Esto ha provocado riesgos a la libertad de expresión y a la democracia porque se establece una homogenización de discursos y actos de corrupción que han hecho que la publicidad oficial se convierta en el instrumento principal de la cultura de recompensa-castigo que caracteriza la relación de medios y política.