“(…) las disputas por la democratización de las comunicaciones están indisolublemente ligadas a las luchas por la democratización de otras áreas de lo social y que son indisolubles del estado de las relaciones de fuerza en el proceso social global”. (Segura, 2018: 114)   El sueño de todos los activistas sociales es lograr un resultado permanente en torno a sus demandas, aunque suene como las quimeras que describe Luis Ramiro Beltrán. En comunicación, existe un sin número de demandas, partiendo de tener voz e incidencia en la sociedad, en cómo lograr un ejercicio pleno del Derecho a la Comunicación, en importunar de modo permanente a los gobiernos, en ejercer nuestra libertad.  De la resistencia a la incidencia, de la doctora argentina María Soledad Segura, permite un acercamiento a cómo se produce la visibilización de los movimientos sociales que han obtenido resultados, la presencia de la sociedad civil en la esfera pública ciudadana, la efectiva expresión de sus demandas en políticas públicas y la formulación de leyes destinadas a garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación. Dicho sea de paso, este es un derecho humano, aunque pocas legislaciones en Latinoamérica así lo expresen. La autora se pregunta -entre otras cuestiones- quiénes son los que integran los movimientos sociales, cuáles son sus demandas, qué estrategias de incidencia utilizan y, lo más importante, cuáles son las condiciones para que la sociedad civil tenga impacto en el debate público, en las discusiones, implementación y control de las políticas públicas de comunicación.  Argentina es, sin duda, un laboratorio de resistencia por parte de la sociedad civil e incidencia en políticas de comunicación en el período que cubre el libro (2001 – 2015). Al contrario de países como Brasil o Chile, cuyos gobiernos dictan en esa época tímidas y restrictivas leyes respecto a la comunicación, los movimientos sociales argentinos logran etapas de reflexión, de articulación de demandas y de unidad en las diferencias, demostrando que sí se puede incidir en las normas del Estado, y revelarse como actores con voz en el proceso de cambios estructurales.  El libro expone cómo, en el gobierno de Cristina Kirchner, la presión de la sociedad civil se traduce en una cartilla de 21 puntos que es aprobada por el Congreso Nacional, donde se reconoce la comunicación como un derecho y un bien público. La autora describe el accionar de los distintos grupos comunitarios que participaron de este proceso, ahondando en sus modos de participación: no sólo a través de la articulación de demandas, sino que incluso en la presentación de proyectos de ley.  Asimismo, documenta la presión de los grandes conglomerados mediáticos, concentrados como en toda América Latina - la que contribuye a detener procesos democráticos. Así, da cuenta de las dificultades y complejidades de la relación entre las organizaciones de la sociedad civil, el Estado y el inexorable mercado.  La Ley N° 26.522, sancionada por el Congreso Nacional argentino en 2009, dispone la regulación del sistema de medios en todo el país y, en especial, limita la concentración medial en el país, todo ello resistido por los grupos dueños de diarios y estaciones de radio y televisión, cruzada que emprendió principalmente el Grupo Clarín y que retrasó la aplicación de la ley. Segura ahonda en el hecho de que la base de esta iniciativa legal fue la citada cartilla de 21 puntos, presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, integrada por sindicatos de prensa, organizaciones gremiales, radialistas, entre otros. La autora resalta aquí la participación o incidencia como la denomina, de la sociedad civil, que reclama la comunicación como un bien público fundamental e irrenunciable. Es en esta “resistencia e incidencia” que se logra que la ley reconozca a las emisoras comunitarias como “actores privados que tienen una finalidad social (…) gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro [cuya característica es] la participación de la comunidad”, logrando la reserva de un 33% del espectro para los servicios comunitarios de radio y televisión. Sin embargo, iniciado el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015) se hizo todo lo posible por aniquilar la Ley Audiovisual de 2009, lo que se concreta en el decreto 267/2016 que crea un organismo regulador menos independiente y reduce o elimina límites legales a la concentración.  A partir del activismo social en torno a la democratización de las comunicaciones, el libro de María Soledad Segura muestra cómo se ejerce la resistencia que, con la adecuada participación de activistas, gobiernos y actores políticos, puede traducirse en la incidencia que describe. Pero, la resistencia no es un proceso inocuo, sino que -como dice Ernesto Sábato- se presenta como un problema que podría ser incluso afectivo y de decisión para quienes asumen esta lucha:   Creo que hay que resistir: este ha sido mi lema. Pero hoy, cuántas veces me he preguntado cómo encarnar esta palabra, cómo vivir la resistencia. Antes, cuando la vida era menos dura, yo hubiera entendido por resistir un acto heroico, como negarse a seguir embarcado en este tren que nos impulsa a la locura y el infortunio. ¿se les puede pedir a la gente del vértigo que se rebele? ¿Puede pedirse a los hombres y a las mujeres de mi país que se nieguen a pertenecer a este capitalismo salvaje si tienen que mantener a sus hijos, a sus padres? Si son responsables ¿cómo habrían de abandonar esa vida? (Sábato, E., 2004:154)  Segura propone una interesante distinción entre los movimientos Alternativistas y Reformistas, que permite separar metodológicamente a aquellas organizaciones que plantean cambios radicales en situaciones de crisis y aquellas que se inclinan por la recomposición del aparato estatal.  Y a la vez, entender los diferentes procesos en la época que estudia, vista además la complejidad del devenir de los gobiernos de ese entonces. La autora destaca que la actuación de ambas alternativas de organización no es necesariamente excluyente, sino que dadas ciertas circunstancias sociales ambas pueden complementarse y unirse en tono a demandas acordadas, postergando diferencias. El mejor ejemplo de estos mecanismos de colaboración temporal es la unidad que se dio entre El Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y la Coalición por una Radiodifusión Democrática. A la luz de esta incidencia colectiva, que señalamos en párrafos anteriores, logran que sus demandas sean parte relevante de la Ley de Medios de 2009. Cumplidos estos objetivos o metas, las organizaciones volvieron a su origen, a diferenciarse e incluso retomaron algunas rencillas. Destaca que no necesariamente existe una dicotomía entre Alternativistas y Reformistas, ya que la unión de ambas tendencias logró efectivamente incidir en los cambios; se plantea eso sí, que estos conceptos deben ser sometidos a escrutinio, principalmente por ser complementarios:  [Los conceptos usados] nos permite sostener que las estrategias de comunicación alternativas no necesariamente se oponen a las reformistas. Por el contrario, las propuestas (…) constituyen (…) dos opciones complementarias diferenciadas por sus distintos niveles de pretensión de reforma de las reglas de juego del sistema comunicacional. (Segura, 2018: 113)  De este modo, el libro propone una discusión sobre la ciudadanía, acercándose a los postulados de Balibar respecto a la ciudadanía activa, y la “democratización de la democracia”. Esto es: “una dimensión de ciudadanía reflexiva, relacionada con las luchas de su propia historia” (Balibar, 2013: 202), lo que perfectamente es aplicable a los proyectos de radios comunitarias, donde la reflexión encuentra espacio en diferentes modelos transformadores.  Segura plantea que la resistencia e incidencia se da en un contexto de una ciudadanía activa, con liderazgos, propuestas y capacidad movilizadora. Por eso, es posible extrapolar al concepto de “insurrección” de Balibar (2013) que sitúa a la ciudadanía como un actor que se rebela, que es activa y desafiante, en la conquista de derechos incidiendo y conquistando los cambios:        “Pero no podemos creer que hay un ‘justo medio’ entre la insurrección y la desdemocratización, o la degeneración de la política. La insurrección se llama ‘conquista de la democracia’ o ‘derecho a tener derechos’, pero siempre tiene por contenido la búsqueda (y el riesgo de la emancipación colectiva y de la potencia que les confiere a sus participantes, en contra del orden establecido que tiende a reprimir esta potencia”. (Balibar, 2013: 215)   Así, la ciudadanía es una construcción que excede la definición de un conjunto de personas. Ciudadanía no es sinónimo de comunidad geográfica (áreas de coberturas) o de comunidades ideológicas (comunidades de pensamiento). Si, como plantea la autora hay incidencia y se producen los cambios, nos encontramos con una sociedad civil (la ciudadanía) que ejerce sus derechos en la incidencia en las leyes, a la vez que se moviliza incluso en las calles.  Las organizaciones que han logrado incidir tienen su relato en una vinculación causal entre la acción colectiva (la movilización) y los resultados de los movimientos sociales. En este sentido, se complementa la participación en el debate público para la formulación de las leyes y la integración activa en las políticas estatales participativas.  Los casos que plantea el libro destacan que la participación fortalece las capacidades institucionales tanto de la sociedad civil como del propio Estado. Esto siempre que haya un gobierno que tenga la voluntad de participar en estos cambios. Y es que democratizar las comunicaciones significa que se redefine y amplía la discusión pública. Y, asimismo, la disputa por la democratización de las comunicaciones está ligada a luchas por otras democratizaciones de la sociedad.  De este modo, se confirmaría lo aseverado por la autora, en el sentido de que la incidencia ocurrirá cuando se produce un equilibrio en la siguiente triada: aceptabilidad de las propuestas demandadas, legitimidad de los actores sociales y oportunidad política. Las capacidades de incidencia de la sociedad civil en el ámbito de la comunicación representan un desafío para futuras investigaciones, dada la inestabilidad de las políticas públicas latinoamericanas sobre comunicación y la baja asociatividad de la sociedad civil en torno a esta temática en algunos países, como en Chile. Si bien el libro relata la situación en Argentina, el espacio social y político es extrapolable a las realidades de otros países de esta parte del continente, tanto en el reconocimiento de la producción de estos procesos, como en la carencia y desequilibrio entre las fuerzas de la ciudadanía activa y la presencia -activa o inactiva- del Estado y los actores políticos.  Por ello, De la resistencia a la incidencia. Sociedad civil y derecho a la comunicación en la Argentina es un texto que desafía a ser leído no sólo por los radialistas comunitarios, sino por quienes desean comprender los procesos que ocurren en torno a la justa demanda por reconocer el derecho a la comunicación como un derecho humano.