La crisis nacional e institucional vivida en Chile desde octubre de 2019 y la instalación del debate en torno a una nueva Constitución, exigen una reflexión sobre las razones que llevaron a tales eventos, su conexión con la actuación administrativa y una nueva visión de la posición del ciudadano frente a los órganos del Estado, lo que, a la luz del desarrollo del derecho comparado y la propia actuación internacional de Chile, exigen evaluar la inclusión de la buena administración en el debate constitucional. Desde la convicción que el siglo XXI trae consigo un cambio de paradigma en torno al derecho público (Linazasoro Espinoza, 2018 y 2018a; Ponce Solé, 2019; Cassese, 2009), este trabajo tiene por objeto cuestionar la pertinencia o conveniencia de consagrar el derecho a una buena administración pública en un nuevo texto constitucional chileno, a la luz de la normativa internacional de los derechos humanos, intentando a su vez demostrar la importancia de este nuevo derecho.The national and institutional crisis experienced in Chile since October 2019 and the installation of the debate around a new Constitution, require a reflection on the reasons that led to such events, their connection with administrative action and a new vision of the position of citizens vis-à-vis the State, which, taking into consideration the comparative law and Chile's own international action, require evaluating the inclusion of good administration in the constitutional debate. Based on the conviction that the 21st century brings a new paradigm around pub-lic law, this work aims to question the relevance or convenience of enshrining the right to good public administration in a new Chilean constitutional text, from the perspective of the international human rights, and trying to demonstrate the im-portance of this new right.