Nuestra legislación de aguas consagra una total libertad para usar las aguas terrestres a que se tiene derecho, facultando actualmente a su titular a usar en todo o en parte el mismo o no usarlo por un período determinado, como, así mismo, en cuanto se lo permita el título respectivo, a destinar las aguas en los usos que desee, a enajenarlo separadamente de los demás bienes a que este se encuentre asociado, o bien, a disponerlo en todo o en parte. En definitiva, el titular del correspondiente derecho de aprovechamiento de aguas es soberano para ejercerlo a su arbitrio en la medida en que no vaya en contra de la Constitución y la ley, como de derecho ajeno.