En América Latina, las políticas de ordenamiento territorial (OT) se han revalorizado de manera paulatina desde los años ochenta junto con otros procesos de planificación del desarrollo. La inclusión de la perspectiva geográfica en la planeación buscaba revertir inequidades estructurales, reducir conflictos en el uso y ocupación del suelo, impulsar la conservación ambiental, orientar el crecimiento urbano y corregir los desequilibrios territoriales que afectan la competitividad sistémica y la cohesión social (Buitelaar et al., 2015; Montes-Lira, 2001; Massiris, 2006; Irazábal, 2009) y que de forma creciente está adquiriendo la atención de analistas y de tomadores de decisión.