The Leveson Report on the British press, published after the phone-hacking scandal that culminated in the closure of News of the World and the detention of dozens of journalists, recommends the inclusion of a conscience clause in journalists’ contracts to protect them if they refuse to obey unethical orders. Spain was the first country in Europe to include journalists’ right to a conscience clause in the Constitution of 1978 and to develop it by an organic law in 1997. However, more than thirty years since its constitutional recognition, the balance to be made is negative. Spanish journalists feel under growing pressures coming from within their own companies, while the conscience clause is not perceived as an actual and effective remedy. In this article we explore some causes for the limited effectiveness of the journalists’ conscience clause in Spain.El Informe Leveson sobre la prensa británica, publicado tras el escándalo de las escuchas telefónicas que culminó con el cierre del diario News of the World y la detención de decenas de periodistas, incluye entre sus recomendaciones la incorporación de una cláusula de conciencia en los contratos de los periodistas con sus empresas, como mecanismo de protección frente a órdenes que vayan contra la ética profesional. España es el primer país europeo que constitucionalizó este derecho al incluirlo en la Constitución de 1978 y desarrollarlo en 1997 mediante una Ley Orgánica. Sin embargo, transcurridos más de treinta años desde su reconocimiento constitucional, el balance que cabe hacer es negativo. Los periodistas españoles se sienten sometidos a presiones cada vez mayores de sus empresas, sin que el derecho a la cláusula de conciencia represente una solución real y eficaz. En el artículo se exploran algunas causas que explican esta limitada eficacia.