Chile fue el primer país de América Latina, y uno de los primeros en el mundo, en privatizar el área de las telecomunicaciones. Este país no cuenta aún, sin embargo, con un sistema regulatorio transparente. Si bien la Subsecretaría de Telecomunicaciones (hasta 1989, una institución más bien simbólica) recientemente ha comenzado a incluir a las empresas en las discusiones sobre reglas y normas técnicas, ésta aún no ha generado ningún espacio de participación para el público. Esto, junto con la exigencia de la Ley General de Telecomunicaciones de que el proceso tarifario se lleve a cabo en secreto, genera un clima de desconfianza que perjudica las inversiones en este sector. La autora de este artículo explica la necesidad de revertir esta situación a través de un sistema más transparente y participativo.