In the context of implementation of climate change adaptation and resilience projects, Indigenous communities’ right to Free, Prior and Informed Consent (FPIC) is becoming a mandatory requirement. The present paper, after giving an overview of the requirement of FPIC in international law, addresses the issue of a climate resilience project financed by the Green Climate Fund (GCF) in Peru. Such project is being implemented in Indigenous territories in the Datém del Marañon region. At the time of approval by the GCF Board, the proposed project raised protests from Indigenous communities as they claimed they were not properly consulted before the disbursement of funding. This episode evidenced how the GCF needed to adopt an ad hoc policy to engage with Indigenous peoples respecting the FPIC requirement as prescribed by international law. The present paper demonstrates that the Indigenous Peoples Policy, adopted in February 2018 by the GCF, is an example of harmonization with international law requirements for FPIC such as those prescribed by the United Nations Declaration on Indigenous Peoples Rights. Finally, the paper aims at evidencing the challenge represented by the excessive state-centred structure of the GCF, which needs to be overcome to facilitate a true participatory dialogue with Indigenous peoples.En el contexto de la implementación de los proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático, el respecto del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas es un requerimiento fundamental. El presente artículo, después de haber dado una panorámica desde el punto de vista del derecho internacional sobre el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas, se ocupa de las cuestiones generadas desde la implementación de un proyecto del Fondo Verde para el Clima en Perú. Este proyecto viene implementándose en territorios ancestrales indígenas en la región Datém del Marañón. Cuando fue aprobado por la Directiva del Fondo Verde, el proyecto causó unas protestas por parte de algunas organizaciones indígenas que lamentaron que el requerimiento del consentimiento libre, previo e informado no fue respectado de manera integral antes del otorgamiento de los fondos. Este acontecimiento subrayó la importancia de la adopción, por parte del Fondo Verde, de una política ad hoc sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho al consentimiento como prescrito por el Derecho internacional. El articulo demuestra que la Política de Pueblos Indigenas del Fondo Verde, adoptada en febrero 2018, es un ejemplo de armonización con el Derecho internacional, en particular con el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado como prescrito en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Finalmente, este articulo tiene el objetivo de cuestionar los desafíos puestos por la estructura excesivamente estado-céntrica del Fondo Verde, que necesitaría superarse a fin de realizar un auténtico proceso participativo de los pueblos indígenas en la toma de decisiones.