El presente caso es uno de los más importantes del periodo moderno de la Corte Suprema de los Estados Unidos que, definiendo la competencia penal, establece políticas indígenas. La sentencia de la Corte Suprema en McGirt vs. Oklahoma establece el principio que los estados y el gobierno federal deben acatar los tratados de larga data con las naciones indígenas, reforzando al mismo tiempo –y tangencialmente– los títulos colectivos indígenas a la tierra. Si la reserva de tierra indígena va a ser suprimida, debe hacerse explícitamente por una ley del Congreso, no por la voluntad del estado ni de los gobiernos locales. Las consecuencias inmediatas de la sentencia comprenden nuevas obligaciones estatales para Estados Unidos y la revitalización de las competencias de la Nación Creek (Muscogee) sobre la tierra indígena, incluyendo a población no indígena. A largo plazo, este caso puede abrir la puerta para que otras naciones indígenas desafíen la absorción de competencias indígenas por parte de los estados.