En el presente trabajo se examina la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena de los años 2016 a 2020 concerniente a diversas problemáticas de la diligencia de entrada y registro de edificio o lugar cerrado, y su conformidad con los principios de proporcionalidad, interpretación restrictiva y especialidad que deben imperar tratándose de actuaciones que privan, restringen o perturban los derechos a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar, estudio que demuestra que su interpretación del estatuto que regula este procedimiento, en general, tiende a ampliar el campo del actuar autónomo policial, sustrayéndolo de la dirección y control del fiscal y de los tribunales, con el consiguiente riesgo y detrimento para el respeto de dichos derechos.