En este artículo damos los fundamentos jurídicos de por qué resulta plenamente legítimo que el Tribunal Constitucional chileno se pronuncie sobre algunos aspectos de las Normas Chilenas sobre Fertilidad, en lo que concierne a la entrega de anticonceptivos de emergencia. En este fallo, el Tribunal Constitucional determinó que las normas contenidas en el Decreto Supremo Nº 48, de 26 de enero de 2007, del Ministerio de Salud son –desde el punto de vista jurídico– incompatibles con nuestras normas constitucionales. El segundo aspecto que analizamos desde el punto de vista jurídico es a quién corresponde el peso de la prueba. A nuestro parecer, lo que se prueba en cualquier juicio son hechos positivos, no hechos negativos, y quien debe probar es quien alega la ocurrencia de estos hechos. En consecuencia, consideramos que el Tribunal Constitucional debió haber exigido que los recurrentes probaran que el levonorgestrel impide el implante o anidación de un óvulo fecundado y no exigir al recurrido probar un hecho negativo, cual es que el mencionado producto no impide esta anidación. Reflexionamos además sobre ciertas imprecisiones del fallo, como aquellas relacionadas con el comienzo de la vida humana y la constitucionalidad de la consejería a menores.