The objective of this paper is to analyze the contours of procedural deviation as a jurisprudential doctrine applied in the Chilean environmental judicial review system, understood as the modification in court of the claims, grounds or defects of illegality raised before, while pursuing administrative remedies. This doctrine places a burden for citizens, who must assert all the defects of the agency’s decision when filing for administrative remedies. To this end, is required to state the importance of its accurate use in environmental matters, regarding the role of the exhaustion of administrative remedies doctrine in complex and highly discretionary issues. This is vital due to the implications that its configuration produces in access to environmental jurisdiction, since once the procedural deviation is verified, a Court must dismiss the case, totally or partially, for want of jurisdiction. For this reason, after an analysis of the state-of-the-art in the national and comparative case law and jurisprudence about the procedural deviation doctrine, and to give reasons about the convenience to keep it within a judicial review system, some cases are proposed in which this doctrine does not apply in the presence of modified arguments, for which a Court must analyze the merits of the case.El objetivo de este trabajo es analizar los contornos de la desviación procesal como institución de origen jurisprudencial en el contencioso-administrativo ambiental chileno, entendida aquella como la modificación en sede judicial de la pretensión, motivos o vicios de legalidad incorporados en la vía administrativa. Se trata de una institución que produce una carga para los ciudadanos, quienes deben promover en los recursos administrativos todos los vicios vinculados al acto impugnado. Para ello se quiere dar cuenta de la importancia de su correcta aplicación en materia ambiental dada la función que cumple el agotamiento obligatorio de la vía administrativa en temáticas complejas y altamente discrecionales como las ambientales. Esto es de suma importancia por las implicancias que su configuración produce en el acceso a la jurisdicción ambiental, desde que, si se constata la desviación procesal, el tribunal no debe pronunciarse del vicio alegado. Por ello, junto con realizar un análisis del estado de la cuestión en la jurisprudencia y doctrina nacional y comparada, y entregar razones de la conveniencia de mantener un sistema de impugnación que prefiera el agotamiento obligatorio de la vía administrativa, se proponen casos en que la modificación de la pretensión entre una u otra instancia no suponen desviación procesal, por lo cual los tribunales deben analizar el fondo de la controversia promovida.