Este artículo pretende demostrar que los proyectos de ley en materia de orden público que se encuentran en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas reflejan una tendencia legislativa expansionista del derecho penal en la política criminal chilena, la que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. Estos derechos son el principio de legalidad, la responsabilidad individual de las penas, el derecho a no autoincriminarse, la garantía de protección judicial, el derecho a la libertad personal y seguridad individual, la libertad de conciencia, el derecho a la no discriminación arbitraria y la libertad de expresión y de opinión.