La situación de desgobierno a la que sucumbió el Imperio así como las insurrecciones derivadas de los abusos en las Provincias, exigían una reglamentación que otorgase un marco jurídico al que atenerse y que sirviera de marco para la regulación de las instituciones que deberían hacer de conducto y canal para ejecutar las decisiones y órdenes de la Regencia y las Cortes Extraordinarias reunidas en ausencia de la corona.