La mayoría de los penalistas contemporáneos consideran que el Derecho Penal protege bienes jurídicos. Sin embargo, las diferencias teóricas aparecen cuando definimos el contenido del bien jurídico. Consideramos que estos protegen valores fundamentales y se derivan de la constitución como norma suprema de un país. En este panorama emerge una concepción sustentada en la sociedad del riesgo, donde la expansión del Derecho Penal se nos presenta como la garantía de la seguridad ciudadana. Dicha expansión implica la creación de nuevos bienes jurídicos de naturaleza colectiva, incluyendo propios del ámbito económico.