With the constitutional reform in Mexico, we encountering a strong controversy regarding the scope of the responsibility of the judge in the field of human rights. Has spoken of a new system of fuzzy control of constitutionality, but the Supreme Court of Justice of the nation, has not endorsed opinion, who has determined that such monitoring is in exclusive faculty. The ordinary judge it is consequently resort to measure what are their responsibilities and scope in the safeguarding of human rights, especially when we talk about genetic tests; that are already of a high degree of complexity in its offering, admission and relief of his. This paper analyzes from a theoretical perspective, the doctrinal and jurisprudential positions. In this regard, effected an extensive literature review about scholar’s opinions, hemerographic, jurisprudential and legislative underpinning the conclusions. Those conclusions allow us to determine that in Mexico, there are no parameters properly regulated for the realization of the concerned evidence under the scheme of an adequate safeguard of the accused rights and that in any case our legislation seems to prefer that the doctrine has called enemy criminal lawA raíz de la reforma constitucional en México, se ha gestado una fuerte polémica en cuanto a los alcances de la responsabilidad del juzgador en materia de derechos humanos, se ha hablado de un nuevo sistema de control difuso de la constitucionalidad, opinión que no ha sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha determinado que dicho control le corresponde en facultad exclusiva. Resulta, por consecuencia, complejo para el juzgador ordinario medir cuáles son sus responsabilidades y alcances en la salvaguarda de los derechos humanos, en especial cuando se habla de pruebas genéticas que revisten ya de suyo un alto grado de complejidad en su ofrecimiento, admisión y desahogo. En la presente investigación se analiza desde una perspectiva teórica, las posturas doctrinales y jurisprudenciales al respecto, realizándose una amplia revisión bibliográfica, hemerográfica, jurisprudencial y de orden legislativo que sustentan las conclusiones, que nos permiten determinar que en México no existen parámetros debidamente regulados para la realización de las referidas probanzas bajo el esquema de una adecuada salvaguarda de los derechos humanos del imputado y que, en todo caso nuestra legislación parece inclinarse por lo que la doctrina ha denominado derecho penal del enemigo