Este artículo analiza la aplicación de la Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en tres municipios de la Región Metropolitana emblemáticos para las clases política chilena. Los casos seleccionados fueron Santiago, Providencia y Las Condes. Los resultados muestran que es la propia Ley 20.500 que ha puesto barreras a la participación ciudadana local y las falencias de la normativa no permiten un adecuado desarrollo de la participación ciudadana a nivel local. La metodología considera análisis cualitativo e interpretativo. Incluyendo actividades como entrevistas a personas claves, recopilación y análisis de datos.