El presente artí­culo revela con claridad el impacto perverso del actual marco jurí­dico que regula, desde hace décadas, la atención a la infancia en riesgo social, o vulnerada en sus derechos. En efecto, uno de los componentes principales del actual sistema, como es el "diagnóstico sobre el niño/a" que es solicitado por el Juez de Menores, así­ como los aspectos legales-administrativos del proceso, han pasado a constituir los ejes centrales del quehacer institucional y no el niño/a con sus derechos. En términos concretos, este marco jurí­dico ha generado, dentro de otros aspectos, una estructura de programas donde los establecimientos creados por el diagnóstico de niños/as tienen la hegemoní­a dentro de la Red, considerando los recursos que captan y la atención que requieren desde los niveles centrales del sistema; todo ello en desmedro de otros programas de real beneficio para los niños/as. El artí­culo cobra relevancia hoy dí­a, considerando que el Servicio Nacional de Menores está proponiendo una Reforma Integral al actual sistema de atención a la infancia, donde uno de sus aspectos centrales es cambiar el actual marco legal, de concepción paternalista y arraigado en la doctrina tutelar de protección de "menores", hacia la idea de crear e implementar un nuevo marco jurí­dico inspirado en la Convención sobre los Derechos del Niño.