Pese a que el terrorismo se ha proliferado considerablemente en los últimos años, constituyéndose como una grave una amenaza para toda la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción sobre este. El presente artículo tiene por objeto analizar y repensar los principales obstáculos que han impedido la regulación del terrorismo en el Estatuto de Roma y, con base en las nuevas perspectivas de la comunidad internacional, dar cuenta de que en realidad no existen impedimentos legales para su inclusión como crimen autónomo dentro de la jurisdicción de la Corte y concluir que el único verdadero obstáculo es político.