Most road accidents in Chile (causing about 1,600 deaths per year) are linked to speeding. A widely used control mechanism all over the world, the speed detectors, enabled in the middle of the 1990’s was then suddenly prohibited in Chile through the enactment of a law justified on the idea that radars were only used to raise funds to local governments and in some way, a source of illegal profits. This paper studies the causes and consequences of this law. In particular, it attempts to verify whether the evidence is more consistent with the hypothesis that speed detectors radars were used as cazabobos or, on the contrary, they were effective reducing accidents and their consequences. We conclude that the evidence is consistent with the second hypothesis, so that such a law caused important social costs. Depending on the life valuation method considered, and projecting the evidence of some road areas to only two Santiago districts, we conclude that the cost of the law ranges between US$83 and US$ 600 millions in present value for those districts. The effect of a widely applied speed detector program is expected to be much more convenient.La mayoría de los 1.600 muertos anuales por accidentes de tránsito en Chile se relaciona con el exceso de velocidad. Una herramienta de control de velocidad, el fotorradar, puesta en uso a mediados de la década de 1990, fue abrupta y prácticamente prohibida por una ley que se promulgó sobre la base de que ellos “eran cazabobos”, es decir, eran usados básicamente para incrementar los ingresos de privados y municipios y no para reducir los accidentes. El objetivo de este trabajo es analizar las causas y consecuencias de la eliminación del uso de fotorradares en Chile. En particular, se desea contrastar si la evidencia es más consistente con la hipótesis de que los fotorradares fueron usados como cazabobos, o por el contrario, constituían una herramienta de prevención y reducción de accidentes. Concluimos que la evidencia es más consistente con la segunda hipótesis, y que el término del uso del fotorradar está generando importantes pérdidas humanas asociadas a los accidentes. Dependiendo del método de valorización de la reducción de víctimas utilizado y extrapolando los resultados de la evidencia a sólo dos comunas en Santiago de Chile, concluimos que la eliminación del fotorradar genera costos netos de entre US$83 y US$ 600 millones en valor presente y que una aplicación más amplia, aumentaría sustancialmente los beneficios de un programa.