El 2020 será un año inolvidable en muchos sentidos. A la pandemia generada por el COVID-19 y al confinamiento parcial de las personas para intentar detener su propagación —parcial porque todavía una buena parte de la población, al menos en Chile y América Latina, debe salir de sus hogares para buscar el sustento diario— debemos sumar, en lo que al derecho y la tecnología le compete en este contexto, un embate fuerte y la instalación —a veces fallida y otras tantas exitosa— de una supuesta tensión entre los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales con el valor de la seguridad, en este caso, en su acepción seguridad sanitaria. En el plano normativo, en junio de 2020 se cumplieron dos años de la entrada en vigencia de la reforma constitucional que consagró el derecho a protección de los datos personales en Chile, al incorporarla expresamente en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución vigente.