This paper analyses the multiple institutional response to perform the task of processing and resolving disputes, in the context of conflicts regarding water in Chile. It involves a scheme that combines jurisdictional bodies, administrative agencies, users’ organizations, and adjudicative mechanisms, all of which configure a single scheme. In this sense, it will be affirmed that the institutional choice of market mechanisms to coordinate, order, and arrange the multiple and conflictive uses of water has had a direct impact over the selection of institutional mechanisms to process disputes and conflicts that this choice produces. This is evidenced by the existence of several adjuticative mechanisms and privileged legal channels, which have as their single or main objective the resolution of disputes among owners of water rights, or between them and the State. This notwithstanding, along with non-judicial mechanisms or specialized jurisdictional ones for the resolution of disputes, there are other general mechanisms, derived from the structure of our legal system, which, given the conditions of their design and objectives, are always available to allow that the excluded sectors can discuss and access solutions to their demands.Este trabajo analiza la respuesta institucional múltiple para el desempeño de la función de procesar y resolver las disputas en el contexto de los conflictos que surgen por el agua en Chile que resulta de un esquema que combina órganos jurisdiccionales, agencias administrativas, organizaciones de usuarios y mecanismos arbitrales. En este sentido, se sostendrá que la elección institucional de mecanismos de mercado para coordinar, ordenar y arreglar los múltiples y conflictivos usos de las aguas, ha impactado directamente en la elección de los mecanismos institucionales para procesar las disputas y los conflictos que esta opción genera. Esto se evidencia en la existencia de variados mecanismos arbitrales y vías jurisdiccionales privilegiadas, que tienen como único o principal objetivo la resolución de disputas entre propietarios de derechos de aguas o entre estos y la Administración del Estado. Sin perjuicio de esto, junto a estos mecanismos no jurisdiccionales o jurisdiccionales especializados para la resolución de disputas, existen otros mecanismos generales, derivados de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, que, dada las condiciones de su diseño y objetivos, se encuentran en principio siempre disponibles para que aquellos sectores excluidos puedan discutir y acceder a soluciones a sus demandas.