Since 2012, the general opinion in Chile is that the Legislative has established in Article 17 No. 8 of the Law No. 20,600 a new general action to review any environmental agency action. This paper contends this idea, claiming that Law No. 20,600 only vested environmental courts with jurisdiction involving that type of actions, but this action has not yet been established. Therefore, potential claimants only could bring it only when the Legislative Branch regulates all its procedural aspects. Actually, the hesitant Supreme Court’s decisions in the last few months is a clear proof of that statement.Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.600, de 2012, se ha sostenido la existencia de una acción general de reclamación ambiental, supuestamente consagrada en el artículo 17 N° 8 de esta ley. Este trabajo cuestiona esta idea, sosteniendo que dicha norma responde solo a una regla de competencia. Hoy, entonces, los tribunales ambientales cuentan con facultades para conocer de esta acción, pero la misma solo podrá ser ejercida ante ellos cuando el Legislativo regule en forma adecuada todos sus aspectos procesales. La jurisprudencia vacilante de nuestra Corte Suprema en el último tiempo es, precisamente, prueba de ello.