Environmental democracy, understood as a particular manifestation of environmental justice, is embodied in several indicators, such as public participation, in-formation access, and an effective access to procedures. On its hand, Law Nº 20.920 framework for waste management, extended producer responsibility and recycling promo-tion, reforms and systematizes the way that wastes are treated in Chile, specially through the “extended producer responsibility”: a policy approach, applied in several countries, under which producers accept significant responsibility - financial and/or physical - for the treatment or disposal of post-consumer products, looking for them to internalize such costs. Hence, it is more than a new law; it is a public policy that interferes with the market, regu-lating and producing economic alterations. This work analyzes the way that the instruments and regulations of Law Nº 20.920 reflect various principles of environmental democracy, taking as a basis the commitments that Chile adopted by virtue of the Rio Declaration on Environment and Development, in 1992.La democracia ambiental constituye una manifestación de la justicia am-biental, entendida ésta en un sentido amplio. Entre sus expresiones se encuentran la partici-pación ciudadana, un adecuado acceso a la información y un acceso efectivo a procedi-mientos judiciales y administrativos. Por su parte, la Ley Nº 20.920, marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, viene a re-formar y sistematizar el tratamiento de residuos en Chile; especialmente a través de la res-ponsabilidad extendida del productor, un instrumento de gestión ambiental, de extendida aplicación en otros países, que convierte a los productores en responsables (operativa o financieramente) de la gestión de los residuos post-consumo, buscando la internalización de sus costos. Por consiguiente, no se trata solo de una nueva ley, sino que es una política pú-blica compleja, que introduce sustantivas alteraciones económicas, regulando un mercado. Este trabajo pretende revisar de qué manera las disposiciones e instrumentos contenidos en la Ley Nº 20.920 plasman distintos principios de democracia ambiental, tomando como marco de referencia el compromiso adoptado por Chile en virtud del Principio 10 de la De-claración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, del año 1992.