In the light of international environmental law, the legal, jurisprudential and doctrinal regimes that encompass the institution of the high seas were studied, since the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982 and the Rio Declaration on Environment and Development of 1992 that both congregates a denaturalization of the rights and obligations of protection established for the benefit of the high seas; because within these international instruments their effects and application lie within the soft law theory, due to the sovereign character of the States and the scarce legislative technique contemplated in their normative development; issues that lead to the formation of legal vacuums that cause in cases of pollution and overexploitation of non-renewable natural resources inside the high seas remain in impunity. Therefore, this work invites to the international community to modify the legal structure of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, to the extent that it incorporates effective protection in Part VII on the high seas, and includes the environment in some way in order to prevent and reduce potential anthropogenic activities that cause environmental degradation due to the new uses and customs instigated in the 21st century.A la luz del derecho internacional ambiental se estudiaron los regímenes jurídicos, jurisprudenciales y doctrinarios que engloban a la institución de alta mar, ya que tanto la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de Mar de 1982 como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 congregan una desnaturalización a los derechos y obligaciones de protección establecidos en beneficio de alta mar; porque dentro de estos instrumentos internacionales sus efectos y aplicación radican dentro de la teoría soft law, debido al carácter soberano de los Estados y por la escasa técnica legislativa contemplada en su desarrollo normativo; cuestiones que inducen a la formación de vacíos legales que provocan que los casos en materia de contaminación y sobreexplotación de recursos naturales no renovables que yacen en alta mar queden en la impunidad. Por ende, este trabajo invita a la comunidad internacional a modificar la estructura jurídica de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de Mar de 1982, en la medida que incorpore una protección efectiva en la Parte VII sobre alta mar; y, además incluya en cierto modo al medio ambiente con el objeto de prevenir y reducir potenciales actividades antrópicas que provocan el deterioro del ambiente por los nuevos usos y costumbres instigados en el siglo XXI.