Violence against women is a serious violation of human rights that undermines gender equality and human development. In the last three decades, the states in Latin America and the Caribbean have reached agreements on regional and international norms and standards to address violence against women that created a baseline that allowed the sanction of legal systems, public policies and action plans against violence against women. Indeed, as of 2016, 31 of the 33 countries in the region (94\%) already had some kind of national action plan, of which 15 were specific to violence against women and, by 2018, nearly 40\% of the countries have already passed comprehensive laws that typify various forms of violence against women, both in the private and public spheres. In this context, the study analyses the institutional capacities of states to provide a comprehensive response on violence against women (prevention, care, punishment and reparation) and identifies promising initiatives at the national level, as well as regional challenges and opportunities.La violencia contra las mujeres es una grave violación de los derechos humanos que atenta contra la igualdad entre los géneros y el desarrollo humano. En las últimas tres décadas, los Estados de América Latina y el Caribe han logrado acuerdos sobre normas y estándares regionales e internacionales para abordar la violencia contra las mujeres que crearon una línea de base que permitió la sanción de ordenamientos jurídicos, políticas públicas y planes de acción nacionales de violencia contra las mujeres. En efecto, al año 2016, 31 de los 33 países de la región, es decir el 94\%, ya contaban con algún tipo de plan de acción nacional de los cuales 15 eran específicos contra la violencia de las mujeres y, al año 2018, cerca del 40\% de los países ya han sancionado leyes integrales que tipifican diversas formas de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. En este contexto, el estudio analiza las capacidades institucionales de los Estados para brindar una respuesta integral en el contexto de los cuatro ejes de intervención de la violencia contra las mujeres (prevención, atención, sanción y reparación) e identifica prácticas promisorias a nivel nacional, desafíos y oportunidades regionales.