La recientemente aprobada Ley Orgánica 2/2010 sobre “Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” proclama por primera vez en España una serie de derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, al tiempo que establece una nueva regulación del abortono punible. Este renovado sistema concede un amplio campo de autonomía a la mujer embarazada para decidir sobre su eventual maternidad durante las primeras catorce semanas de gestación, combinado con dos indicaciones por causas médicas que recogen los supuestos de peligro para la vida o salud de la mujer y las anomalías fetales. Aunque la ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional, existen motivos suficientes para justificar su adecuación a los principios reconocidos en la Constitución española, en particular, por el declarado objetivo legal de desarrollar políticas públicas en materia de información y educación sexual y reproductiva dirigidas a reducir el alarmante número de embarazos no deseados que se registran anualmente, sobre todo entre la población juvenil. Un objetivo que puede contribuir a contener los abortos que se producen en España de modo mucho más realista y eficaz que la amenaza con sanciones penales.