Traditionally, transitional justice processes do not address the role of corporations in dictatorships or in armed conflicts that give rise to the need for dealing with grave and systematic human rights violations. However, there is a growing awareness that in many contexts corporations contribute to these violations, often in the form of corporate complicity with the principal violators. An argument can therefore be made that to achieve the aims of transitional justice and establish a holistic narrative of the past as well as obtain justice and reparations for victims requires investigating and addressing the role of corporate actors. This article uses the example of Colombia’s Justice and Peace process to show some of the complexities, opportunities and challenges that arise if transitional justice measures focus primarily on criminal law and create a specific legal framework, outside of the ordinary justice systems, only for a limited group of primary perpetrators, in the Colombian case for members of the armed groups who demobilised. It is argued that the exclusion of corporate actors in contexts where their role is regarded as significant leads to victims seeking alternatives ways to obtain justice and that both victims and corporations would benefit if transitional justice mechanisms addressed the role of corporations.Tradicionalmente, los procesos de justicia transicional no abordan el papel de las corporaciones en las dictaduras o en los conflictos armados que dan lugar a la necesidad de enfrentar las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, hay una creciente conciencia de que en muchos casos corporaciones han contribuido con tales violaciones. Entonces, puede sostenerse que para alcanzar los fines de la justicia transicional y establecer una narrativa holística sobre el pasado así como obtener justicia y reparación para las víctimas, es necesario esclarecer también el papel de las corporaciones. Este artículo utiliza el ejemplo del Proceso de Justicia y Paz en Colombia para evidenciar algunas de las complejidades, oportunidades y desafíos de la justicia transicional cuando privilegia la justicia penal y crea un marco jurídico propio aunque reducido a una parte de los perpetradores que en el caso de Colombia ha sido los miembros desmovilizados de los grupos armados ilegales. Se argumenta que la exclusión de las corporaciones y sus miembros en un contexto donde su papel es considerado decisivo, lleva a las víctimas a buscar otras alternativas para obtener justicia, y que tanto víctimas como corporaciones se beneficiarían si la justicia transicional se ocupa también del papel de las corporaciones.