Si se entiende al Derecho Administrativo, en términos muy generales, como la regulación jurídica que rige la relación del ciudadano con la administración del Estado, y especialmente cuando esta utiliza en su actividad realizadora del bien común poderes de imposición, aparece de inmediato con una importancia fundamental el que para dicho ciudadano este Derecho será precisamente el que le podrá permitir la efectiva garantía de sus derechos y libertades, si tal como ocurre en los países civilizados -en que es el Derecho quien rige las relaciones sociales, y no el capricho circunstancial de un tirano o de un partido- ese ciudadano puede reclamar de la arbitrariedad administrativa ante tribunales independientes cuyos fallos sean obligatorios.