In a system of economic freedom such as the one advocated by the Political Charter of 1980, State intervention in the economy must be especially justified. In this sense, regulating the prices that private companies charge for public utility services is only if this mechanism becomes necessary, in order to ensure certain guarantees that citizens demand as a counterpart to the privatization of public services, once in the hands of of the State, and today privatized.En un sistema de libertad económica como el que propugna la Carta Política de 1980, la intervención del Estado en la economia debe estar especialmente justificada. En ese sentido, regular los precios que las empresas privadas cobran por los servicios de utilidad pública sólo es si este mecanismo se hace necesario, a fin de asegurar determinadas garantías que los ciudadanos exigen como contraparte de la privatización de los servicios públicos, otrora en manos del Estado, y hoy privatizados.