This article has a dual purpose. First, in a theoretical level, to state that within the framework of a constitutional democracy all public authorities must be constitutionally responsible for their actions in the exercise of their functions, including the Ministers of the Constitutional Court. Secondly and in the dogmatic plane, to maintain that the Ministers of the Constitutional Court in the exercise of their functions can be accused constitutionally according to the general mechanism that contemplates the Constitution for this, that is, the one established in the article 52 number 2 letter c) of the Political Constitution of the Republic and known as «constitutional accusation».El presente artículo tiene un doble propósito. En primer lugar y en el plano teórico, fundamentar que en el marco de una democracia constitucional todas las autoridades públicas deben ser responsables constitucionalmente por sus acciones en el ejercicio de sus funciones, lo que incluye a los Ministros del Tribunal Constitucional. En segundo lugar y en el plano dogmático, sostener que los Ministros del Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus funciones pueden ser acusados constitucionalmente de conformidad al mecanismo general que contempla la Constitución para ello, esto es el establecido en el artículo 52 número 2 letra c) de la Constitución Política de la República y conocido como «acusación constitucional».