El objetivo de este trabajo es determinar si ciertas medidas administrativas desfavorables en años recientes calificadas por la doctrina y jurisprudencia constitucional como sanción efectivamente lo son. Con dicho fin, en primer lugar, se analizan los criterios de distinción entre las sanciones administrativas y otros actos administrativos de gravamen, elaborados por la doctrina y la jurisprudencia nacional y comparada. En segundo lugar, se explican los elementos básicos de las sanciones administrativas, planteando algunas críticas y refinando lo señalado por la doctrina hasta el momento. En tercer lugar, se examinan algunas medidas desfavorables que, en los últimos años, la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha vinculado con las sanciones administrativas. Se concluye que, si bien resulta justificado en el derecho administrativo emplear un concepto material de las sanciones, las medidas desfavorables estudiadas, con excepción de la inhabilitación temporal para contratar con el Estado, han sido erróneamente asimiladas a las sanciones de policía general y especial.