La Constitución de 1925 aseguraba a todos los habitantes de la República el derecho de asociarse sin permiso previo y en conformidad a la ley', como, asimismo, la libertad de trabajo y su protección, sin que ninguna clase de trabajo o industria pudiera ser prohibida, a menos de oponerse a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salud públicas, o que lo exigiera el interés nacional y una ley lo declarara así.