Al producirse la independencia de Chile, las autoridades de la naciente república conservaron de las autoridades españolas el modelo que éstas habían tenido en lo que se refiere a las relaciones entre el poder temporal y el poder espiritual, las que discurrían por la vía del patronato regio; de esta manera, el patronato perduró en Chile, reconocido, incluso, constitucionalmente. Pero, a diferencia de lo que había sucedido con la monarquía hispana, que había recibido el patronato como concesión pontificia, en el Chile independiente esto fue tan sólo una situación de hecho, pues, aunque Chile hizo gestiones para obtener el reconocimiento del mismo por la Santa Sede4, ésta nunca lo concedió ni reconoció, aunque se vio obligada a soportarlo como hecho consumado.