This study discusses the importance of including risk assessment within the process of free, prior and informed consultation and prior consent, within the bidding processes of industrial, mining or oil activities, and within indigenous territories in Ecuador. Spatial risk assessment is a support tool for decision making prior to any industrial activity in its territory. To achieve this objective, we use a logically deductive approach to create a legal and operational conceptual framework that follows the following steps: 1) Compilation of historical evidence of some legal cases brought within the Inter-American Human Rights System, between communities and governments in the region, 2) conceptualization of human rights vulnerabilities and their potential for environmental degradation during these human activities; 3) Introduce legislation to integrate environmental risk research into the free, prior and informed consultation, considering the possibility of looking for consensus when risks are considered high, in order to reduce and mitigate socio-environmental risks on these ancestral territories.Este estudio discute la importancia de incluir la evaluación de riesgos dentro del proceso de consulta previa, libre e informada y de consentimiento previo, en los procesos de licitación de actividades industriales, mineras o petroleras, y dentro de los territorios indígenas en el Ecuador. La evaluación del riesgo espacial es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones previas a cualquier actividad industrial en su territorio. Para lograr este objetivo, usamos un enfoque deductivo para crear un marco conceptual legal y operativo que sigue los siguientes pasos: 1) recopilación de evidencia histórica de algunos casos legales llevados dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre comunidades y gobiernos de la región; 2) conceptualización de las vulnerabilidades de los derechos humanos y su potencial para la degradación ambiental durante estas actividades humanas; 3) enfatizar la necesidad de presentar leyes que combinen la consulta previa, libre e informada con los estudios de riesgo ambiental y el potencial de requerir consentimiento en casos en los que el riesgo resulte alto (basado en los saberes ancestrales y conocimientos técnicos actuales), con el fin de reducir y mitigar los impactos sociales y ambientales negativos de estas actividades en los territorios ancestrales.