The e-notice as a mean to communicate administrative acts and judicial rulings is as valid as other forms of notification in the Ecuadorean legal system, due to its efficiency and efficacy. Nevertheless, imposing the mandatory use of an electronic address to every citizen cannot be done because of the country’s economic and social reality. The article proposes a legal reform that states an order of preference in which the e-notice becomes the preferred way to communicate legal documents. without interfering with the citizen’s freedom to choose where and how to receive notifications; bringing legal certainty to state workers when notifying; and safeguarding the due process of more Ecuadorians.La notificación electrónica como medio para dar a conocer el contenido de actos administrativos y providencias judiciales está reconocida en el ordenamiento jurídico ecuatoriano con la misma validez que otras formas de notificar. La anterior ha sido incorporada buscando la eficiencia y eficacia del servicio público hacia los administrados. Sin embargo, la realidad económica y social que vive el Ecuador en la actualidad, y la protección a los ciudadanos que brinda el principio de accesibilidad, no permiten imponer el uso obligatorio de una dirección de correo electrónico a los administrados. Pese a ser este el ideal a alcanzar, hacerlo en este momento devendría en una grave violación al debido proceso. El presente artículo propone un orden de prelación mediante una reforma legal en la que la notificación electrónica sea el medio preferido para remitir documentación; sin coartar la libertad de escoger de los administrados; brindando seguridad a los servidores públicos al realizar las notificaciones; y cautelando el debido proceso de los ecuatorianos.