Según las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe actualmente un total de 2.873 procesos iniciados en virtud de los hechos ocurridos en el marco del denominado estallido social en los que el Ministerio Público aún no ha comunicado la existencia de personas imputadas. Esta realidad vuelve necesaria la reconsideración de figuras legales que permitan imputar la responsabilidad penal a aquellos individuos que, sin haber ejecutado directamente los delitos cometidos por miembros de Carabineros de Chile, tienen la dirección y supervisión de dichas organizaciones. Por ello, este trabajo aborda la posibilidad de aplicar la teoría del dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder, proponiendo para ello una propuesta de interpretación del elemento de apartamiento del derecho exigido por Roxin para dar lugar a esta figura, y así verificar finalmente si es posible sostener su aplicación en el marco del denominado estallido social.