Este artículo evalúa la reestructuración del Estado chileno en materia coercitiva en la década de 1920, específicamente lo referido a los cambios referidos a los derechos ciudadanos y el control social. La hipótesis sostiene que hubo una reformulación de los dispositivos coercitivos a partir de 1918, pues la democratización social fue percibida como insuficiente para reponer la dominación, la cual buscó disciplinar al mundo laboral, castigar a los elementos políticos más disruptivos y ampliar el control socio-político del Estado, ya que no existía verdadero consenso en torno a las reformas sociales.