El propósito de este artículo es revisar parte de los datos disponibles sobre la función legislativa de la Cámara de Diputados en el período 1990-2010, con el fin de evaluar si los diputados contaron con los recursos necesarios que pudieran asegurar la calidad de las leyes. A pesar de que la función legislativa no puede ser entendida cabalmente sin referencia al sistema Político, en esta ocasión se ha limitado el objetivo al examen de la información y asesoría al alcance de los diputados, así como a los aspectos organizacionales y administrativos que la citada función requiere. El resultado ha sido que, contrariamente a lo que se opina públicamente, parecería que los diputados cuentan con recursos suficientes para proponer sus propios proyectos de ley, pero carecen de la información y asesoría necesarias cuando se trata de evaluar los proyectos del gobierno. En un sistema presidencial como el chileno, resolver esto último fortalecería la función política de la Cámara de Diputados.