El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Cdpd) introduce un cambio de paradigma al reconocer personalidad jurídica y capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Establece un sistema de apoyo en la toma de decisiones y salvaguardias que garanticen el ejercicio de dicha capacidad. Estos tres ejes centrales y la eventual desaparición de la distinción entre capacidad de goce y de ejercicio, plantean importantes desafíos al legislador nacional en la adecuación normativa para adaptarse a la Convención, ratificada en 2008. Así, en los proyectos de ley para adaptar el Código Civil, debiera contenerse una definición de capacidad jurídica, establecer un sistema de apoyos basado en la voluntad y preferencias, contemplar medios de control periódicos y no descartar de plano la posibilidad de recurrir a la representación, en casos específicos.