This work analyzes the case of a request issued by the state telecommunications authority to the telephone service concessionaries in 2018 in order to deliver information about their customer database, so they can transfer it to a private nationwide survey company. In this document, we will review Entel’s position as the only company that rejected the requirement due to the consideration that such a request was a violation of the personal data framework established by law. In this context, it will be critically analyzed how the administrative jurisdiction system judged the case in its different stages, and if the new data protection institutionality contemplated in the personal data bill, which is in its final stage, would have or not made a difference in how the case is judged and decided.  El trabajo analiza el caso sobre la orden emitida por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a las concesionarias de servicios de telecomunicaciones en 2018 para que estas proporcionaran información respecto de su base total de clientes para ser entregadas a una empresa que elabora encuestas a nivel nacional. Ante esto, se desarrollará cuál fue la posición de la empresa Entel frente a este requerimiento de su órgano regulador, y cómo ella fue la única compañía que se negó a entregar este tipo de información por considerarlo una violación a la normativa de protección de datos personales establecida en la Ley 19.628. En ese contexto, se analizará críticamente cómo el sistema de jurisdicción administrativa actuó y resolvió el caso en sus distintas instancias, y si, dadas las características orgánicas, funcionales y procesales de la nueva institucionalidad de protección de datos contempladas en el proyecto de ley de protección de datos personales cuya tramitación se encuentra en su fase final, hubieren estas implicado o no un cambio en cómo se desarrolló y resolvió el asunto.