The right to seek and receive asylum is a fundamental human right, which has been enshrined in the American Convention on Human Rights. In Chile, since the creation of Law 20,430 on refugee protection, 21,847 people have formally requested international protection under this right and many others have remained in the shadows without the option of having their case studied and eventually obtaining protection. This article describes and analyzes the obstacles to this human right, focusing, in particular, on the problems in the entry to the asylum procedure in the country, how this is a problem of legality in the actions of the administrative body and how the higher courts of justice have intervened to ensure respect and protection of this right, finally giving some ideas for a good approach to this situation. The methodology used by the authors corresponds to a legal analysis of legal norms, opinions of the Comptroller General of the Republic and national jurisprudence of the Chilean High Courts of Justice in recent years, added to the bibliographic review and the work experience of both authors with migrant, asylum seeker and refugee population.El derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano fundamental, que ha sido consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). En Chile, desde la creación de la Ley 20.430, sobre protección de refugiados, 21.847 personas han solicitado formalmente protección internacional bajo este derecho y muchas otras han quedado en las sombras sin opción de que su caso sea estudiado y puedan, eventualmente, obtener protección. Este artículo describe y analiza las trabas en este derecho humano, deteniéndose, en particular, en las problemáticas en el ingreso al procedimiento de asilo en el país, el cómo esto reviste un problema de legalidad en el actuar del órgano administrativo y cómo han sido los tribunales superiores de justicia los que han intervenido en pos del respeto y protección de este derecho, dando, finalmente, algunas ideas para el buen abordaje de esta situación. La metodología utilizada por las autoras corresponde a un análisis legal de normas jurídicas, dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR) y jurisprudencia nacional de los tribunales superiores de justicia chilenos en los últimos años, sumado a la revisión bibliografía y la experiencia laboral de ambas con población migrante, solicitante de asilo y refugiada.