La protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia ha generado grandes acuerdos en los foros internacionales (UNICEF 2005), que posteriormente han sido aplicados en los ámbitos nacionales, de acuerdo con la comprensión del contexto que tengan los gobiernos. Esto ha resultado en una muy amplia variedad de modelos de política pública, esquemas de intervención y de gobernanza. En el caso costarricense, la política en este tema propuso un enfoque multinivel y un modelo de gobernanza basado en redes y participación, operativizado en el Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI) y en los Subsistemas Locales de Protección de la niñez (SSLP). Sin embargo, tal como demostró la revisión documental realizada, la propuesta no logró plasmar la complejidad de la realidad, y en su diseño fue forzada a coincidir con un arreglo de gobernanza jerárquico. Esto se vio reflejado en los malos resultados de los programas y en términos de legitimidad del mismo.