En Chile la impugnación judicial de los actos administrativos del Estado se rige por tres mecanismos establecidos en su ordenamiento jurídico. En primer lugar, se encuentran las acciones especiales contempladas en la ley cuya competencia corresponde a los tribunales ordinarios. En segundo lugar, se contemplan las acciones especiales contempladas en la ley cuya competencia corresponde a los tribunales especiales. En tercer lugar, se pueden interponer acciones constitucionales ante tribunales ordinarios. En este contexto surgen dudas en cuanto a la categorización de ciertos actos administrativos, especialmente aquellos de carácter ambiental, ya que no existe una clara definición legal al respecto. Esta falta de claridad legislativa conlleva incertidumbre acerca de si ciertos actos deben ser impugnados ante tribunales ordinarios a través de acciones constitucionales o si deben seguir el proceso de acción general de reclamación ambiental establecido en el artículo 17 número 8 de la Ley 20.600. En ausencia de una respuesta precisa en la ley, los jueces han debido abordar esta cuestión en su jurisprudencia. Esta situación plantea el riesgo de futuras contiendas de competencia ya que dos tipos de tribunales podrían declararse competentes para resolver los mismos casos. En este contexto, los tribunales ambientales han tomado la iniciativa de atribuirse idoneidad para conocer casos en los que exista esta incertidumbre con el objetivo de garantizar un acceso más amplio a la justicia ambiental.