There is a consensus that the main objective of the company is to maximize profits and, consequently, the task of the board of directors must be oriented towards this. However, some time ago, a movement emerged that contradicts this postulate: “stakeholderism”, which promotes that companies, granting a greater or lesser level of participation, also consider the implications of their decisions on the stakeholders that are around the activities or business of the company. Regardless of whether we accept this position, we believe it is necessary to establish a way to balance both approaches. There are several precedents: today it is common to include in contracts clauses that regulate in some way (by guarantees or as a resolutive condition), reputational contingencies that may generate greater financial risk; or the Executive Order 12,866, promulgated by then-president of the United States Bill Clinton, which requires agencies to quantify the costs and benefits of their regulatory decisions.Existe consenso en afirmar que el objetivo principal de la empresa es maximizar utilidades y, en consecuencia, la tarea del directorio debe estar orientada a ello. Sin embargo, hace un tiempo surgió con fuerza un movimiento que contradice este postulado: el «stakeholderismo», el cual promueve que las empresas, al otorgar mayor o menor nivel de participación, también consideren las implicancias de sus decisiones en los grupos de interés (stakeholders) que circunvalan la órbita del giro de los negocios de la compañía. Más allá de que estemos o no de acuerdo con esta posición, consideramos necesario establecer una forma de balancear ambos enfoques. Existen varios antecedentes: hoy es usual incluir en los contratos cláusulas que regulan de alguna forma —mediante garantías o como condición resolutoria— contingencias reputacionales que puedan generar un mayor riesgo financiero; o también la Executive Order 12.866, promulgada por el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton, que exige a las agencias, en la medida de lo posible, la cuantificación de los costos y beneficios de sus decisiones regulatorias.