Este trabajo muestra que, desde la perspectiva de la eficiencia económica, es racional introducir una AFP sin fines de lucro, sea estatal o privada, siempre que: i) sus comisiones cubran exactamente sus costos medios totales; ii) entregue incentivos para mantener los costos marginales a la par del de sus rivales con fines de lucro; y iii) su gobierno corporativo la blinde del abuso de sus ejecutivos y controladores –o del uso político en caso de ser de propiedad estatal– y así no eleve sus costos fijos de largo plazo. Como el Estado chileno tiene dificultades para garantizar el cumplimiento de ii) y iii), una mejor opción parece ser introducir mayor competencia “eficiente” al sistema con AFPs privadas sin fines de lucro en lugar de una AFP estatal.