Over the past two decades, Caribbean states have been faced with a significant number of investment arbitration proceedings in which investors have claimed that public interest regulatory measures constitute indirect expropriations of foreign investment. As a result, arbitral tribunals have ordered host states to pay heavy compensation to foreign investors. To preserve its right to regulate in the public interest, Colombia has clarified the indirect expropriation clause in most of its recent international investment agreements, clarifying the extent to which a public interest regulation that affects foreign investment constitutes an indirect expropriation. This article seeks to determine to what extent the new clauses of the Colombian agreements contribute to preserving the state’s right to regulate in the public interest.En respuesta a la crisis del derecho de las inversiones y a las controversias en torno al arbitraje de inversiones, Colombia ha adoptado recientemente varios tratados internacionales de inversión con el fin de limitar la discrecionalidad interpretativa de los tribunales de arbitraje y garantizar el derecho del Estado receptor a regular en aras del interés público. Los recientes TBI colombianos contienen una cláusula de expropiación indirecta clarificada que especifica las condiciones en las que una medida reguladora, adoptada en interés público y que afecta a la inversión extranjera, constituye una expropiación indirecta. Por lo tanto, en respuesta a la incoherencia e imprevisibilidad de la jurisprudencia arbitral, Colombia ha intentado revisar la cláusula de expropiación indirecta para preservar la flexibilidad reglamentaria con el fin de proteger los objetivos de interés público. Sin embargo, un análisis cuidadoso de la práctica arbitral revela que esta respuesta reformista está lejos de ser satisfactoria y hace poco por remediar la debilidad del arbitraje de inversiones. Tras esbozar los antecedentes del surgimiento de la reforma de los tratados colombianos y examinar los detalles de los mismos, este artículo sugiere reforzar la reforma estableciendo líneas claras de interpretación que los árbitros deban seguir.